México ratificó la Convención sobre los Derechos de la Infancia el 21 de septiembre de 1990 “por lo que quedó obligado a adoptar todas las medidas administrativas, legislativas y de cualquier otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en ella a favor de todos los niños, niñas y adolescentes en el país”, según explica el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con el artículo 19 de esa Convención, en su inciso 1, “los Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño(a) contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño(a) se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo”.

Y en su inciso 2 menciona: “Esas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial”.

El mencionado artículo me parece de suma importancia rescatarlo para poder emitir una opinión respecto al lamentable y triste caso del albergue “La Gran Familia”, de cuyo tema se ha hablado mucho en días recientes.

Tomando en cuenta la reforma al artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del 10 de junio de 2011, es innegable que el Estado mexicano ha fallado en proteger los derechos de la infancia al no hacerse responsable de las niñas, niños y adolescentes que vivían en dicho albergue pues, sin más, dejó su responsabilidad a manos de otras personas.

Ahora bien, yo no voy a decir si “Mamá Rosa” es culpable o no, esa es responsabilidad de la Representación Social Federal. Lo que sí diré es que desde 2008 había recibido reportes de que algo malo estaba pasando en este albergue, inclusive de víctimas y familiares que llegaron al Congreso de Michoacán y al Congreso federal, y a quienes nadie escuchó en esos tiempos.

Ya salió a la luz pública que desde años atrás había gente denunciando las malas condiciones en las que se encontraba el albergue y los malos manejos del financiamiento que recibía.

Había testimonios desgarradores de explotación sexual infantil, de la mendicidad ajena, violación, abuso sexual, embarazo entre las habitantes del albergue, y apropiación ilegal de los bebés, que eran registrados a nombre de Rosa Verduzco, entre otras linduras de la “piadosa Mamá Rosa”.

Lo que no me explico es que sea justo ahora, en momentos de debates de reformas trascendentales como la energética, que la Procuraduría General de la República (PGR) haya decidido “soltar la bomba” con un operativo tan ostentoso.
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¿A qué me refiero con todo esto? Que analizando la Convención sobre los Derechos de la Infancia veo a mi alrededor niñas y niños en cruceros pidiendo limosna, o “trabajando” como empacadores en tiendas de autoservicio, o boleando zapatos.

¿Y qué decir de la situación de la migración infantil no acompañada denominada “crisis humanitaria”? Y no sólo me refiero a los que vienen de Centroamérica, sino a los nacionales que emigran por falta de oportunidades, por violencia o en búsqueda de sus madres y padres.

Ante esta situación, puedo decir que al Estado mexicano no le importa la infancia de este país. Realizan ciertas acciones porque no les queda de otra. Porque algo tienen que hacer para justificar todo su aparato burocrático.

No puedo dejar de mencionar las cientos de desapariciones de niñas y adolescentes. De acuerdo con nuestro Sistema Alerta Roja, que da seguimiento a casos de mujeres y niñas desaparecidas presuntamente víctimas de trata, en 2012 la mayoría de las víctimas fueron adolescentes de entre 12 y 18 años de edad, seguido por niñas de entre tres y 11 años.

En 2013 continuó la tendencia, pues la mayoría de víctimas fueron adolescentes entre 12 y 18 años de edad, y el grupo etario de tres a 11 años se colocó en el cuarto lugar, y el de un día de nacidos a tres años en el quinto.

Y por eso hoy me pregunto: ¿Interés superior de la niñez? ¿O cortina de humo?

Twitter: @CATWLACDIR

*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).