En un país como México es posible mencionar cientos de casos judiciales que se han trasladado a los medios, y escándalos mediáticos que se han llevado a los juzgados.

Existe una línea difusa entre ambas esferas, principalmente provocada por un creciente número de “comunicadores” o “periodistas” que se dan el lujo de opinar sobre prácticamente cualquier tema por el sólo hecho de tener acceso a un micrófono, salir a cuadro o contar con un espacio en la prensa, sin que esto signifique necesariamente que respeten a su público por su desempeño ético, o por cumplir con el derecho de réplica que a cualquiera nos otorga la ley.

El caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre tiene a la fecha una serie de ingredientes que bien podrían convertirse en película policiaca, de lo inverosímil que resulta el desempeño de sus protagonistas, no obstante la gravedad que implica el hecho de que el presidente de un partido político tenga tras de sí, no sólo decenas de averiguaciones previas sin avance, sino más de una imputación directa, presentada ante las autoridades, sobre una presunta red de prostitución al amparo de recursos públicos, y con jóvenes mujeres en estado de necesidad como víctimas que, a la fecha, no han tenido un mínimo espacio como sujetas del derecho al acceso a la justicia mexicana.

Es así que, mientras la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), a través de su titular, Rodolfo Ríos Garza, se ha empeñado –sistemáticamente y de muy diversas formas– en negar el acceso a la justicia para las víctimas de Gutiérrez de la Torre, y la PGR sigue sin resolver si atraerá el caso –ya que existen los elementos que configuran el delito de delincuencia organizada–, otros más listos tratan de ganar terreno en los medios de comunicación.

¿Qué diría usted si una persona como Gutiérrez de la Torre de pronto aparece ante Ciro Gómez Leyva –quien, según sus propias palabras, le “rogó” para obtener la entrevista– no sólo negando los hechos o afirmando que no existen imputaciones directas en su contra (lo cual es falso), sino haciendo apología del drama con la excusa de que intentó suicidarse un par de ocasiones, o que padece cáncer de próstata ocasionado por el estrés, o que se encuentra en tratamiento psiquiátrico?

¿Por qué apelar a la emocionalidad discursiva, en vez de defender su supuesta inocencia ante los tribunales?

¿Qué diría usted si este mismo personaje –acusado de delitos tan graves como reclutar a jóvenes en situación de vulnerabilidad, a través de publicidad ilícita o engañosa, utilizando las instalaciones y recursos de un partido político para después pedirles favores sexuales– haya sido mágicamente exculpado por su propio partido, sin mediar siquiera un intento de investigación, luego de que diversas voces que dentro del mismo PRI han exigido su salida, y que dos presidentas de la Comisión de Justicia Partidaria hayan renunciado porque éticamente no pudieron cumplir con el lineamiento o instrucción que les impuso la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional?

En este país es por todos sabido que cuando delitos de esa magnitud no son investigados o están en la impunidad intencional por parte de las autoridades responsables, existe más de un cómplice a quien o quienes no les conviene que se siga investigando, justamente porque más de un político o autoridad podrían verse involucrados.
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Y ya que son justamente los titulares de la PGJDF y de la PGR quienes están al frente de esta responsabilidad, ¿es o no válido dudar o suponer que, dada la negligencia e irresponsabilidad con que han tratado el caso, son ellos quienes se encuentran involucrados, o al menos, hoy son ya cómplices por omisión por no haber actuado con la debida diligencia? ¿Qué otra cosa deberíamos pensar?

En medio del protagonismo, autocensura y servilismo de Ciro Gómez Leyva; de la autovictimización de Gutiérrez de la Torre; de la complacencia del PRI, de la satanización al equipo de Carmen Aristegui por haber presentado el reportaje que develó el tema (no obstante que por ese trabajo ganó el Premio PEN Internacional, junto con Elena Poniatowska), existen al menos tres víctimas y dos averiguaciones previas de quienes sí fueron perjudicadas, quienes tienen derechos amparados por nuestra Constitución y por instrumentos internacionales, y a quienes nadie quiere ver en medio de un terrible marasmo de corrupción que les ha negado la justicia.

¿Por cuánto tiempo más? Mientras, la CATWLAC ganó la revisión del amparo contra la PGR y se le ordena al Juzgado de Distrito reponer el procedimiento, lo que sólo es una batalla jurídica ganada, mas no la guerra.

Hoy la palabra la tiene la procuradora general de la República, Arely Gómez, para demostrarnos que será una institución cercana a las víctimas y no sólo un discurso de más y más simulación.

Yo confío que así será.

Por: Teresa Ulloa Ziáurriz
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).