Para el momento en que escribo estas líneas, la configuración de autoridades en el Distrito Federal se transforma y hoy tiene en el Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a una de sus principales fuerzas políticas surgida a raíz de la crisis que padece el Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Hoy queda claro que el Jefe de Gobierno tiene la obligación moral con las ciudadanas y ciudadanos del DF de corregir el rumbo, de asumirse como un verdadero gobernante de izquierda y como consecuencia, despedir a su operador político, al procurador y a la mitad de su gabinete, además de derogar las tarjetitas que violan el artículo 6 de la Convención del 49 y también el 6 de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Ciertamente, la alternancia funciona como un mecanismo de sanción a los partidos políticos que no cumplieron con la ciudadanía.

No obstante, amargas experiencias en nuestro pasado reciente nos llevan a afirmar que, por sí misma, la alternancia no garantiza un buen gobierno, de tal manera que otorgar un voto ciego de confianza a Morena sería un error que no podemos permitirnos frente a las políticas asistencialistas de Andrés Manuel López Obrador que no transforman las estructuras.

De igual forma, las elecciones no son garantía de democracia, justicia y dignidad; mucho menos para las mujeres.

Esto viene a cuento porque si bien vamos a cambiar de titulares en las jefaturas delegacionales y en los cuerpos legislativos, no serán nuevos los problemas que aquejan a nuestra ciudad –por no mencionar al país entero–, y la derecha sigue dando batalla.

Con sólo el 13 por ciento de votos de la lista nominal, el PRI tendrá derecho a subir como diputadas federales plurinominales a personajes como Carmen Salinas o Guillermina de la Torre, frente a candidatos que firmaron un “Acuerdo por la Vida”, a organizaciones de la ultraderecha neopentecostal que hacen negocio con el monopolio de las víctimas que le ha otorgado el procurador de Justicia del DF, con cientos de casos de feminicidio, desapariciones y delitos sexuales contra mujeres y niñas no resueltos, y la impunidad rampante en los delitos en materia de trata de personas disfrazada de simulación, especialmente porque no hay un solo dueño o verdadero explotador que esté sentenciado.

El ex líder del PRI-DF Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y su grupo delictivo siguen en libertad, cuando los expedientes de las víctimas permanecen archivados en un cajón de la Fiscalía de Asuntos Especiales y Electorales, sin ninguna actuación, lo que permite y fomenta que crezcan y se diversifiquen los delitos en materia de trata de personas, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes en el DF, sobre todo en la delegación Cuauhtémoc, donde la impunidad, la omisión y la terrible ignorancia de las autoridades anteriores fueron causa principal de la proliferación de estos delitos, inclusive de adolescentes y niñas, justo frente a las instalaciones de la propia delegación.

Como se sabe, a finales de 2014 el entonces delegado del PRD, Alejandro Fernández Ramírez, intentó hacer prosperar una iniciativa de ley ante la ALDF para “legalizar el ejercicio de la prostitución en la vía pública”, bajo el pretexto de combatir la trata “de fondo”, así como disfrazar a los “tables dance” de arte erótico en la reforma a la Ley de Establecimientos Mercantiles, iniciativas que no prosperaron.

Estas erróneas decisiones quisieron responder a la Recomendación 09/2012 que la Comisión de Derechos Humanos del DF (CDHDF) emitió por la omisión de una política pública integral, para prevenir los delitos en materia de trata de personas, en particular, con propósitos de explotación de la prostitución.

Lo anterior fue resultado de una queja que interpusimos desde la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés), cuando el también perredista Agustín Torres Pérez –que era jefe delegacional–, con fondos del erario instaló un “corredor prostitucional” en la calle de Luis Donaldo Colosio, colonia Buenavista, donde reubicó a 150 “sexoservidoras”, la mayoría adolescentes.

De ahí que la Recomendación 9/2012 señalara claramente que la delegación Cuauhtémoc fue y ha seguido siendo omisa en su obligación de prevenir la trata de personas y que el establecimiento de zonas de tolerancia reflejaba el desconocimiento de las condiciones en las que se desarrolla el comercio de la prostitución, agravando la problemática relacionada con la explotación, incitando las agresiones de lenones y proxenetas, e incluso dotándolos de recursos y un espacio público para el desarrollo de sus actividades ilícitas.

No obstante lo anterior, Alejandro Fernández, sucesor de Agustín Torres, al permanecer en la misma posición que su antecesor con su intención de “regular”, dejó claro que no entendió la Recomendación 09/2012 y que no respeta la ley ni los tratados internacionales.

Esto nos llevó a pensar que, más allá de su evidente ignorancia, era probable que hubiera un interés económico detrás de esta necesidad de control de las zonas de tolerancia donde se explota sexualmente a mujeres, niñas y adolescentes, en virtud, sí, de las jugosas ganancias que generan estos delitos, pero también de la reputación como funcionario corrupto que Alejandro Fernández se ganó a pulso, todo lo cual queda de manifiesto con la derrota del PRD en la Cuauhtémoc y la suya propia como candidato a la ALDF, en donde levantó la legalización de la prostitución como bandera principal durante su campaña.
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Lo que Alejandro Fernández y Agustín Torres no entendieron es que un verdadero partido de izquierda no toma decisiones a espaldas de la ciudadanía, haciéndole creer que defiende sus Derechos Humanos cuando en realidad, bajo este pretexto, se convierten en cómplices de delitos tan graves como el secuestro de mujeres, niñas y adolescentes que terminan siendo esclavizadas en la prostitución en las más criminales situaciones de violencia y explotación, por acción u omisión.

Fernández y Torres no tuvieron el mínimo interés en empaparse sobre el tema. De lo contrario, habrían caído en la cuenta de que la prostitución o el comercio sexual no están reconocidos como trabajo en ninguna ley ni tratado.

Que prácticamente la totalidad de mujeres y niñas en situación de prostitución no lo hace por gusto, que son amenazadas y obligadas a fingir que disfrutan, a sonreír, a cumplir con una cuota diaria si no quieren recibir fuertes golpizas.

Tampoco comprendieron que los delitos en materia de trata de mujeres y niñas tienen como raíz principal la pobreza, la exclusión, el desempleo, la desigualdad y la falta de oportunidades que históricamente padecen.

De todo ello dan cuenta –como seguramente lo ignoran Alejandro Fernández y Agustín Torres– la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Protocolo de Palermo, la CEDAW, el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, entre otros tratados ratificados por México y que son parte integrante de nuestra Carta Magna.

Al parecer también ignoran que en la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos se establece que el consentimiento otorgado por la víctima a cualquier forma de explotación no es causal excluyente de la responsabilidad penal.

Ser legislador o jefe delegacional, como el caso de Fernández y Torres, no conocer la legislación vigente y no actuar en consecuencia, no sólo atenta contra la confianza que la ciudadanía les otorgó al votar por ellos, sino que los coloca automáticamente fuera de la izquierda. Y también nos deja clara su visión patriarcal de las mujeres y para qué sirven sus cuerpos.

Resultaría ingenuo si tratáramos de hacer borrón y cuenta nueva pensando que Ricardo Monreal (como jefe delegacional electo), Néstor Núñez o José Alfonso Suárez (como diputados locales), mágicamente dimensionarán el problema y terminarán con la explotación de la prostitución y los delitos en materia de trata de personas en la Cuauhtémoc de un día para otro. Al menos de inicio, no han demostrado tener la formación necesaria.

No obstante, recae en ellos la responsabilidad de resolver el problema, y en nosotras como organizaciones civiles y feministas monitorearlos de cerca.

La dignidad y la vida de las mujeres, niñas y adolescentes no pueden estar en manos de vaivenes políticos, ni son objeto de consumo que se venda, se compre o se alquile.

La elección sólo es el inicio para la rendición de cuentas y la ciudadanía debe ejercer este derecho a partir de hoy y todos los días.

Twitter: @CATWLACDIR

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).