Durante años, el régimen político mexicano se ha caracterizado por transmitir un discurso conciliador, propositivo, promisorio y sobre todo, optimista. Si México fuera igual a los pronunciamientos oficiales de su gobierno, seguramente estaríamos viviendo en un país libre y soberano, con habitantes felices y en igualdad de oportunidades.

No obstante, el desgaste que ese discurso ha sufrido a lo largo de las décadas tiene como razón principal la incongruencia. Por ello, cuando la línea discursiva de la clase gobernante es contraria a la realidad que vive la población, algo debe ser revisado seriamente.
A nivel nacional, las y los activistas que trabajamos para defender los derechos humanos no tenemos micrófonos tan grandes, ni suficiente tinta para acceder a toda la población -y decir lo que en verdad ocurre en cada ciudad, carretera o pueblo-, como sí los tiene el gobierno, aun cuando conocemos la ley mejor que cualquier autoridad.

Uno de esos grandes micrófonos es el de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Claro, él no necesita hablar directamente ante los medios de comunicación para hacer notar su poder –y vaya que lo tiene-, porque para eso cuenta con al menos dos personas en sitios estratégicos que hacen el trabajo.
Un seudoperiodista que conduce un noticiario en Radio Formula es quizá el mejor defensor público que pudo haber contratado Gutiérrez de la Torre, porque tiene el poder de un gran micrófono; porque litiga en los medios; porque no tiene código de ética y porque ha servido al partido en el poder desde hace ya algunos años.

Un ejemplo muy simple de lo anterior es haberse prestado a difundir un documento no oficial, no definitivo y sin referencia alguna (incluso sin sello, fecha, ni firma) en el que anunció la supuesta exoneración de Gutiérrez de la Torre por parte de la PGJDF, de la cual no fuimos notificadas a pesar de habernos presentado directamente en las instancias respectivas.

Su poder de audiencia fue suficiente para que todos los medios reprodujeran la noticia sin mediar confirmación alguna desde la fuente oficial. Al día de hoy, ese conductor permanece impune por usurpación de funciones y falsificación de documentos.
El otro gran defensor de Gutiérrez de la Torre es nada menos que el abogado de los habitantes de la Ciudad de México: Rodolfo Ríos Garza, titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

El cargo que ostenta Ríos Garza debe ser aprobado por el titular de la Presidencia de la República. No es necesario mencionar, por tanto, que deben existir suficientes alianzas –como ya las hay- entre Miguel Ángel Mancera y Los Pinos para haber logrado que esa designación fuera tersa y funcionara para el bien de todos (y cuando digo todos me refiero a ellos, no a la ciudadanía). Por lo tanto, el cambio de procurador implica un desgaste político que muy probablemente Mancera no quiera asumir, puesto que su candidatura a la Presidencia ocupa hoy el sitio privilegiado en su lista de prioridades, muy por encima de la procuración de justicia misma. Esto, a pesar de sus discursos de que aclarará el “múltiple homicidio” de la Narvarte, y que llegará hasta sus últimas consecuencias, lo mismo que seguramente nos dirá mañana por el feminicidio de la taquería El Negro, o las siete víctimas de feminicidio diario en esta ciudad.
Cuando decimos que Ríos Garza es el otro gran defensor de Gutiérrez de la Torre es porque la PGJDF, lejos de desempeñarse como defensora de víctimas, de mujeres o de derechos humanos (como tanto prometió Mancera en campaña), se ha constituido en el principal estorbo para el acceso a la justicia de tres denunciantes que fueron captadas por medio de publicidad ilícita o engañosa para la trata de personas con fines de explotación sexual por parte de una red encabezada por el entonces presidente del PRI en el Distrito Federal, un hombre poderoso (además de peligroso y violento) con más de 50 averiguaciones previas en su contra desde hace tiempo.
Renata, Beatriz y Valentina son los nombres ficticios de las tres víctimas de Gutiérrez de la Torre que se atrevieron a denunciar hace ya más de un año. ¿Qué han logrado hasta hoy?
Primero, que la información de sus expedientes fuera ilegalmente filtrada a la gente de Gutiérrez de la Torre por parte de la PGJDF; tenemos identificada a la persona que presumimos lo hizo.
Segundo, que la PGJDF no realizara una sola diligencia de investigación, aun cuando los delitos denunciados son graves y se persiguen de oficio.
Tercero, que nunca en todo este tiempo se les haya llamado a declarar, y mucho menos a ratificar sus denuncias, por más que Ríos Garza se empeñe en querer convencer a los medios de lo contrario.
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Quinto, que sus expedientes hayan sido “ocultados” por más de una semana, aun cuando las tres contaban con identidad protegida, garantía individual consagrada en el Artículo 20, apartado C, fracción VI de nuestra Constitución que obligaba –y obliga- a la autoridad a proteger su identidad, en vista de la gravedad de los delitos que fueron denunciados.
Sexto, que su identidad protegida haya sido finalmente violada, al ser notificadas con sus nombres reales y en su domicilio particular (no en el lugar que señalaron para recibir notificaciones), de la determinación del NO EJERCICIO DE LA ACCION PENAL contra Gutiérrez de la Torre y de la intención de la PGJDF de dar por cerrado el caso (aunque todavía interpondremos el recurso de inconformidad y tenemos la opción del recurso de amparo).
Séptimo, que Renata, Beatriz y Valentina hayan sido usadas como moneda de cambio entre Miguel Ángel Mancera por un lado, y Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y el PRI-DF, por otro, para fortalecer alianzas políticas que le permitan contar con la mayoría en la ALDF y aminoren el avance de Morena de cara a la elección presidencial del 2018.
Octavo, que hoy tengan qué valorar ser reubicadas en otro país y lejos de sus familias y seres queridos.
¿No bastan estas razones para afirmar que Ríos Garza es el otro gran defensor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Si a usted le bastan, a Miguel Ángel Mancera, no.
Y porque no nos conformamos con el desprecio y la burla de Ríos Garza, seguiremos en la exigencia de su renuncia y del acceso a la justicia a la que nos da derecho la Constitución y los diversos tratados internacionales ratificados por México.
Todos los miércoles hacemos un acto de protesta afuera del Palacio Virreinal del DF, de 12:00 a 15:00 horas por Renata, Beatriz y Valentina; por todas las víctimas de delitos en materia de trata en la Ciudad de México; por las desaparecidas y víctimas de feminicidio, por las defensoras de derechos humanos, periodistas y trabajadoras de los medios que han sido reprimidas y asesinadas, hasta que MAM nos responda y nos dé la cara.
En esta ocasión haremos mención especial de la antropóloga y activista Nadia Vera Pérez, la maquillista Yesenia Quiroz Alfaro y las otras dos mujeres víctimas de terrible feminicidio, que acompañaban a Rubén Espinosa Becerril, fotorreportero exiliado de Veracruz por el acoso de las autoridades, todos ellos asesinados en la Ciudad de México, que tristemente ha dejado de ser refugio seguro para exiliadas y exiliados víctimas de este Estado represor.

Nos indigna que hasta el momento sólo se conozcan los nombres de dos de las cuatro víctimas de feminicidio. No son cosas, pero para el Procurador sólo tiene nombre el fotorreportero. Una muestra más de que en esta ciudad no hay justicia para las víctimas y ofendidos y no se respetan sus derechos humanos.

Teresa Ulloa Ziáurriz

Twitter: @CATWLACDIR
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres
y Niñas en América Latina y el Caribe,
(CATWLAC, por sus siglas en inglés