Malamente, las y los integrantes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) olvidaron cuestionar al procurador Rodolfo Ríos Garza sobre asuntos de primera importancia durante su comparecencia la semana pasada, a raíz de la glosa del Tercer Informe de Miguel Ángel Mancera.

Y es que, como ya sabemos, el sistema de partidos en México se encuentra en lo que sin duda es la peor de sus crisis, dejando a las y los ciudadanos de a pie en una casi total indefensión.

Lo que vimos la semana pasada en la ALDF es indicativo de los acuerdos “políticos” (¿o transacciones?) por debajo del agua que terminan en una tersa comparecencia sobre procuración de justicia en una ciudad caracterizada por atropellos, violaciones a los derechos humanos y, sobre todo, impunidad.

Y ya que ni los representantes populares ni la mayoría de los medios de comunicación son capaces de dar eco a la voz ciudadana (contrario a su deber legal y moral), el rol que hoy por hoy desempeñamos las organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos ha cobrado un sitio protagónico, convirtiéndonos en un actor político capaz de señalar con argumentos, los vicios de los tres órdenes de gobierno ante la opinión pública y la comunidad internacional.

Lo que las y los integrantes de la ALDF no se atrevieron a decir aquel 7 de octubre en la comparecencia de Ríos Garza fue expuesto por diversas organizaciones, víctimas y familiares de éstas en la presentación del Primer Informe sobre la Negación de Justicia en el Distrito Federal, una especie de informe sombra acerca de lo que pensábamos –tal como ocurrió- sería evitado en el desfile de cifras alegres del titular de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF).

Se trata de 11 casos emblemáticos que durante los últimos años han dejado al descubierto un perfil ineficaz, altamente corrupto, negligente, parcial y omiso de la PGJDF, que sin duda se queda muy lejos de la “ciudad de las libertades” que insiste en vendernos el Gobierno de la Ciudad de México.

El informe presenta una diversidad de casos que demuestran la existencia de estigmatización y criminalización de las víctimas, inconsistencias en las averiguaciones previas, construcción de verdades a medias o verdades paralelas, actuación ministerial con prejuicios de género, imputaciones falsas, validación de informes policiales falsos y, en general, deficiente actuación del Ministerio Público. Todo esto se ha convertido en una práctica sistemática y generalizada al interior de la PGJDF.

En 2007, Jesús Romero Colín denunció abuso sexual, violación y pederastia clerical, ante lo cual la PGJDF se ha negado a realizar investigaciones o citar a declarar a los presuntos culpables, negando el derecho del ofendido a la debida diligencia. El endeble argumento de la autoridad es que la Iglesia católica cuenta con “jurisdicción especial”, aun por encima de la Constitución.

Casi la totalidad de las 56 víctimas de lo ocurrido el 2 de octubre del 2013 -que denunciaron detención arbitraria, tortura, tratos crueles, degradantes e inhumanos, falsas acusaciones penales, entre otros delitos cometidos por las autoridades del DF- lograron que la autoridad federal les concediera libertad absoluta por falta de elementos y por una inadecuada integración de la averiguación previa por parte de la PGJDF. No han recibido justicia.

El homicidio de Carlos Sinuhé Cuevas permanece en la impunidad, y él ha sido objeto de difamación por parte de la autoridad, quien se ha negado a investigar las amenazas previas -debidamente documentadas-, que dieron lugar al homicidio.

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En el caso de Yakiri Rubio, acusada injustamente por homicidio al defenderse de uno de sus violadores, sorprende la eficiencia de la PGJDF al asumir la defensa de su segundo violador a través de una apelación a la sentencia absolutoria concedida a Yakiri. Se trata de uno de los casos más dramáticos del abuso de poder de la autoridad en contra de la misma víctima.

Y así tenemos también el caso de las y los habitantes de San Bartolo Ameyalco, que asumieron la defensa del agua de su comunidad, obteniendo a cambio 9 personas encarceladas injustamente por 9 meses; o el de Clara Tapia Herrera, a quien injustamente la PGJDF tuvo tres años de prisión a pesar de haber sido víctima del “Monstruo de Iztapalapa”.

Asimismo, el caso de la desaparición forzada y asesinato de 12 jóvenes del bar Heaven, donde la PGJDF no ha querido asumir la responsabilidad al haberse acreditado la participación de agentes policiales, entre otras cosas; el asunto del 20 de noviembre de 2014, donde la autoridad no ha logrado acreditar responsabilidad penal alguna; o el de las 102 víctimas de detención arbitraria, tortura y falsas imputaciones penales por parte de la Policía del DF y agentes del MP durante las manifestaciones del 1° de diciembre de 2012.

Finalmente, respecto a las denuncias interpuestas en mayo de 2014 por trata de personas en contra de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Claudia Priscila Martínez González, Sandra Esther Vaca Cortés y quienes resulten responsables, la PGJDF ha determinado en definitiva el no ejercicio de la acción penal sin haber realizado una sola diligencia de investigación, pero además poniendo en grave riesgo a las víctimas al haber violado su identidad protegida. Esto, entre muchas otras irregularidades atribuibles a la PGJDF que se traducen en un efectivo –pero ilegal- sistema de protección para uno de los personajes de la élite política más poderosos del DF.

El clima de impunidad que prevalece en la Ciudad de México dista mucho de la imagen de una comparecencia tranquila en donde nuestros representantes escucharon –y arroparon- al responsable de la procuración de justicia. Como vimos, señales de alarma sobran para un gobierno capitalino que no parece escuchar.

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Teresa Ulloa Ziáurriz
Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de
Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe
(Catwlac, por sus siglas en inglés)
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