Las organizaciones de la sociedad civil (OSC), independientemente del espacio geográfico que cubra su margen de acción o de la causa que enarbolen, llevan sobre sí una enorme responsabilidad.

En tiempos actuales en los que la mayoría de los distintos regímenes a nivel mundial han dado más de una razón para que la ciudadanía se sienta inconforme, las OSC hemos cobrado relevancia como canalizadoras de demandas civiles y visibilizadoras de problemas sociales que los gobiernos no han querido resolver.

El caso que ahora nos ocupa tiene que ver con la reciente protesta global que un sinnúmero de OSC realizamos en contra de una política que pretende adoptar Amnistía Internacional (AI).

Se trata de un caso prácticamente inédito en el que pretendemos no sólo establecer un debate abierto con una de las organizaciones de mayor prestigio a nivel mundial, sino impedir que ésta adopte una postura totalmente contraria al derecho internacional en materia de Derechos Humanos (DH).

Por diversas razones, las organizaciones y personas de distintos ámbitos a nivel mundial que firmamos un manifiesto público, pensamos que AI llegó tarde a la defensa de los DH de las mujeres y las niñas.

Lo que se encuentra en juego actualmente es la adopción de una línea de acción que ellos han llamado “Política sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los Derechos Humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual”.

Visto de lejos, parecería loable que AI defienda DH de personas, pero no es tan sencillo. Quienes nos dedicamos al tema sabemos que la industria del sexo es, sin temor a equivocarnos, una de las más lucrativas del orbe. No obstante, lo que se encuentra detrás es un amplio espectro de delitos cuyas víctimas son niñas, niños, adolescentes y mujeres en distintos grados de rezago social y/o económico.

El manifiesto que ha logrado la adhesión de más de 25 mil firmas alrededor del mundo es claro en señalar que estamos de acuerdo con AI en que las personas prostituidas no deben ser penalizadas o sancionadas en ninguna jurisdicción.

Sus vidas son devastadas por el severo estigma social y las graves violaciones a los DH inherentes a la prostitución, incluyendo violencia, acoso sexual, violación, deshumanización, degradación, tortura e incluso la muerte, a manos de los prostituyentes –que pagan por prostituirlas–, proxenetas, tratantes y actores estatales y no estatales.

Sin embargo, ¿qué delitos están involucrados en lo que AI pretende defender? El sistema de explotación sexual está basado en historias de opresión patriarcal, racismo, colonialismo, esclavitud, genocidio y naturalización de la violencia y la discriminación, principalmente contra mujeres, que son, en su inmensa mayoría, de color, en situación de pobreza, sin posibilidad de elegir y que han sufrido violencia sexual y económica, incesto, violaciones seriales, tortura, falta de vivienda y marginación socio-cultural.

Lo que AI pretende obtener con esta política es, según lo que ha expresado públicamente, “proteger” a quienes se dedican al “trabajo sexual”.

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La prostitución no es ni “sexo” ni “trabajo”, sino violencia y discriminación perpetuadas por los intereses multimillonarios de las redes del crimen trasnacional organizado y sostenidas por los prostituyentes.

Peor aún es el hecho de que, con la adopción de esta política, lo que AI sí lograría es despenalizar a quienes hacen posible la industria del sexo, no solamente a quienes se prostituyen, sino a dueños de burdeles, proxenetas y prostituyentes.

En otras palabras, AI haría un llamado a los gobiernos a permitir la explotación sexual a través de la despenalización generalizada que beneficiaría también a los perpetradores de delitos tan graves como la trata o cualquiera de las formas contemporáneas de esclavitud.

La protesta global culminó el pasado 23 de octubre con la clausura simbólica de las oficinas de AI en las principales ciudades del mundo.

En lo que se refiere a México, estuvimos presentes de manera pacífica y fuimos recibidas en la puerta con la promesa de reunirnos esta misma semana para dialogar, lo cual interpretamos de manera positiva, aún a pesar de que meses atrás, mediante una reunión concertada con el titular de AI-México, no obtuvimos respuesta clara.

El viernes 23 de octubre, la representante de AI que nos recibió en las oficinas de la colonia Del Valle reconoció los tratados internacionales, y particularmente la CEDAW, como un piso básico de derechos que AI apoya.

De ser esto cierto, y ya que a decir de ella misma “no es una decisión tomada”, la política que pretende despenalizar a tratantes, prostituyentes y proxenetas sería revertida sin miramientos y a la brevedad.

Por ello, seguiremos insistiendo para que AI adopte una resolución que inste a los Estados a invertir en la igualdad de género, combatir la violencia contra las mujeres y aprobar leyes que despenalicen únicamente a las personas prostituidas. ¿No sería esto un acto de congruencia a la altura de Amnistía Internacional?

Por: Teresa Ulloa Ziáurriz
Twitter: @CATWLACDIR

*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).