Cuando se ha cometido un delito tan grave como la trata de personas –o cualquiera relacionado–, no estamos hablando de un simple folio que se asigna en una averiguación previa y que a su vez alimenta estadísticas nacionales (aunque estas últimas no existen en México).

Detrás de cada niña, niño, mujer o adolescente rescatada existe un entorno familiar y comunitario que ha soportado algo similar al impacto de una bomba que afecta a todos sus integrantes.

Los daños pasan por enfrentar la desintegración de una familia, lograr la recuperación de las y los hijos –cuando los hay–, las dificultades para regresar a estudiar o, peor aún, conseguir un empleo, entre muchos otros.

A eso debemos agregar los múltiples daños físicos y psicológicos provocados por los agresores –como el trastorno de estrés postraumático– que colocan a la víctima en clara desventaja respecto a otras personas.

Por todo lo anterior es que durante muchos años las organizaciones civiles que atendemos víctimas y defendemos sus Derechos Humanos, presionamos hasta lograr la aprobación de la Ley General de Víctimas y la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a sus Víctimas, que establecen la existencia de fondos para atender las necesidades de quienes han padecido los horrores de la esclavitud sexual, explotación, violencia, etcétera.

La realidad es que, mientras los altos mandos de las dependencias de gobierno se dan el lujo de ostentar oficinas exuberantes, cargar sus gastos personales a la institución o adquirir costosos y superfluos vehículos, los fondos asignados a las víctimas simplemente no se entregan, y estamos hablando llanamente de una clara ausencia de voluntad que contraviene a la ley.

No debemos perder de vista que las leyes mencionadas son el resultado de un incalculable número de personas afectadas por el crimen organizado que con el paso de los sexenios ha logrado convertirse en un poder fáctico, probablemente el más importante a nivel nacional.

Recientemente se dio a conocer un análisis de NarcoData (proyecto de periodismo de datos que explica la evolución y el avance de los grupos delincuenciales en México) en el que se aprecia la dispersión, aumento y diversificación del crimen organizado durante el gobierno de siete presidentes (http://narcodata.animalpolitico.com/7-presidentes-pocos-resultados-40-anos-de-expansion-del-crimen-organizado/).

Una de las explicaciones que ofrecen especialistas consultados es que la falla en la estrategia de seguridad radica en que no se atendió la debilidad institucional del Estado.
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Pero más allá de las razones estructurales que explican el aumento en los índices de violencia y crimen en nuestro país, es un hecho que la responsabilidad histórica recae en el Estado, de manera que ya podemos hablar de una terrible dinámica de violencia institucional –además de la victimización sistemática– en contra de una persona que ha sido ofendida gravemente por delitos como la trata o la explotación sexual, que además no recibe justicia y a quien no se le compensa el daño en lo más mínimo.

En días recientes nos hemos topado con un obstáculo más. Ya que habíamos logrado que la dependencia respectiva asignara un monto mensual para necesidades básicas de algunas víctimas, pero el relevo de mandos superiores ocasionó su cancelación. No les ha importado si tienen hijas, hijos, identidad restringida, ni las particularidades de cada caso.

Los fondos que por ley deben asignarse son ahora tratados a discreción y capricho de quien los maneja, como si fueran de su propiedad y no una deuda del Estado mexicano que pésimamente representan. ¿Estamos como al inicio?

El recurso económico que estipula la Ley General de Víctimas se llama Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral, y se encuentra destinado a “brindar los recursos necesarios para ayuda, asistencia y reparación integral de las víctimas del delito y las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos”, por lo que no necesariamente estamos como al inicio.

Ciertamente, la negativa, el desinterés y la ignorancia de quienes deberían ejecutar la ley para apoyar a las víctimas representan un problema mayúsculo para quienes dependían por completo de una cantidad de dinero que repentinamente les fue cancelada.

No obstante, y aunque nos cueste más trabajo, acudiremos a las instancias nacionales e internacionales que consideremos necesario para exigir la restitución de los derechos de las víctimas afectadas por la ineptitud y la negligencia del Estado.

Por: Teresa Ulloa Ziáurriz*
Twitter: @CATWLACDIR

*Directora regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).