Cuando vemos que las cifras de mujeres, niñas, niños y adolescentes desaparecidos aumentan dramáticamente en nuestro país, sabemos que el crimen organizado diversifica sus horizontes con gran éxito. Además de las drogas y las armas, los cuerpos de las más vulnerables son ahora motivo de ganancias millonarias a nivel mundial.

Sabemos, con enorme preocupación, que educar a nuestras hijas pequeñas y adolescentes resulta un elemento clave para evitar las desapariciones, ya que el anhelo –erróneamente aprendido- de ser amadas a toda costa las puede conducir directamente a las manos de un tratante que no tardará en sacarla de su entorno, explotarla o esclavizarla sexualmente y en muchos casos, quitarle la vida.

Otro medio para enganchar a las víctimas es, sin duda, la publicidad ilícita y/o engañosa que promete grandes sumas para mujeres jóvenes sin oportunidades, que deben presentarse solas a supuestas entrevistas de trabajo, luego de lo cual suelen desaparecer o, en el mejor de los casos, ser orilladas por la necesidad económica a realizar servicios sexuales.

Este trágico panorama es posible hoy día gracias a la impunidad de estos delitos por la corrupción de nuestras autoridades, a quienes beneficiamos con nuestro voto luego de habernos convencido de que “ahora sí” cambiarían las cosas.

Es así que, bajo el glorioso manto protector que le otorgan autoridades del Distrito Federal, el ex presidente del PRI capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, puede circular libremente por la Ciudad de México.

Está ampliamente probado por diversos medios que Gutiérrez de la Torre y su equipo más cercano, publicaron anuncios en al menos un periódico de circulación nacional para reclutar mujeres jóvenes con determinada apariencia física, a quienes inicialmente se les ofrecía trabajar como recepcionistas, asistentes administrativas o edecanes en los eventos del PRI-DF, para luego hacerles saber que en realidad tenían que prestar servicios sexuales a Gutiérrez de la Torre con un salario del propio partido político.

Sólo quienes hemos protagonizado el tortuoso camino de interponer numerosos recursos jurídicos en defensa de las víctimas de Gutiérrez de la Torre, podemos dar cuenta de que hasta la fecha no se ha realizado una sola diligencia o investigación por parte de las autoridades de la Ciudad de México (particularmente la PGJDF) para sancionar los presuntos delitos graves en materia de trata de personas, que este oscuro militante priista ha cometido ya por varios años, entre los que podemos mencionar: trata (ya que se les reclutó abusando de su situación de vulnerabilidad), publicidad ilícita y/o engañosa, tentativa de demanda y delincuencia organizada. Inexplicablemente, nadie en esta ciudad dio la orden de proceder con la investigación, sino todo lo contrario.

El año pasado, la PGJDF a cargo de Rodolfo Ríos Garza, resolvió el no ejercicio de la acción penal contra Gutiérrez de la Torre -igual que determinó en el mismo sentido el recurso de reconsideración-, a través de argumentos que en aquel momento nos hacían reír y llorar simultáneamente:

– No nos reconocían la representación jurídica como defensoras victimales, a pesar de que nos enviaban notificaciones a nuestras mismas oficinas.

– Porque las víctimas no ratificaron sus denuncias. Efectivamente no lo hicieron porque no fueron citadas y esto es una consecuencia de que no se haya levantado un solo dedo para investigar.

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Así las cosas y luego de meses en los que interpusimos quejas, apelaciones, ampliación de declaraciones, amparos, otras denuncias y además aportamos infinidad de pruebas gráficas y electrónicas –nada de lo cual fue tomado en cuenta-, finalmente la PGJDF determinó el no ejercicio de la acción penal.

Esto no nos extrañó, dado que a lo largo de varios meses y de diversas formas, tanto el procurador capitalino Rodolfo Ríos Garza como el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera han dado la espalda a las víctimas convirtiéndolas en delincuentes (Yakiri Rubio, por ejemplo).

Es así que recurrimos a instancias federales a través de un amparo, con el fin de que se invalidara el no ejercicio de la acción penal y finalmente se obligara a la autoridad a realizar todas las investigaciones que amerita el caso.

¿Cuál fue el resultado? El juez décimo cuarto de distrito, Alberto Díaz Díaz, sobreseyó el amparo, nuevamente con el argumento de que no contamos con la representación jurídica, lo cual significa que no entró al fondo del asunto.

Lo que Alberto Díaz Díaz no entendió, es que su decisión retarda la acción de la justicia, impide a las víctimas su derecho a la debida diligencia (como ya ocurrió en la PGJDF) y hace posible que Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre permanezca impune, libre, circulando en la ciudad, siendo visto por cualquiera en restaurantes y actos políticos para hacer los amarres ante uno de los platos más jugosos a corto plazo: el proceso para la elección de la Asamblea Constituyente, del cual pretende beneficiarse, lo que ha dejado ver a partir del día en que empezó a vociferar contra el CEN del PRI.

Alberto Díaz Díaz tampoco entendió que con su decisión, el sistema político de nuestro país envía a todas las víctimas el mensaje de que no importa que en una entrevista “de trabajo” se les haya pedido usar ropa ajustada, “darse la vuelta” para que las vea el jefe o informado que harían “un oral” a Gutiérrez de la Torre a cambio de un sueldo como edecanes o asistentes administrativas del PRI-DF.

Y si esta vez se trata de un personaje público, ¿qué pueden esperar las víctimas sin reflectores en los medios y sin defensa legal?

Alberto Díaz Díaz se puso del lado de los tratantes de cuello blanco y no de las víctimas, pero esta historia no ha terminado…

Teresa Ulloa Ziáurriz
Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.