La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés), su Consejo Consultivo, su Consejo Directivo, sus 26 Capítulos Nacionales y sus 200 organizaciones integrantes, manifestamos nuestro total apoyo a la Iniciativa de la Senadora Clara Rojas, del Congreso de la República de Colombia.

La iniciativa de la Senadora Rojas, reta a las voces liberales y populistas de Colombia, a las voces de la sociedad civil y la academia que se han manifestado en su contra, ya que es una legislación que parte de la igualdad entre mujeres y hombres, reta los estereotipos de género, promueve un cambio cultural a favor de las mujeres y las niñas y en contra de la discriminación y violencia de género. También intenta desempoderar a las BACRIM (Bandas Emergentes Criminales) que han encontrado un nicho inmenso de ganancia en la explotación sexual de las mujeres, niñas y adolescentes y el turismo sexual.

Entre nuestra membresía contamos con sobrevivientes de la industria del sexo y otras que todavía sobreviven en la prostitución. Han sido compradas y vendidas en las calles y en los hoteles, en clubes y en prostíbulos, desde los servicios de acompañantes o prepago, hasta las salas de masajes, todo para el placer sexual masculino y de manera casi unánime, para el lucro de terceros o explotadores.

Hablamos por nosotras mismas y lo hacemos en el contexto de la ley, los derechos de las mujeres y los principios de los derechos humanos. Aunque todo movimiento social que lucha por la justicia se crea por aquellos que sufren directamente las violaciones a sus derechos humanos, esta justicia solo se hace real cuando la sociedad y las instituciones nacionales reconocen que estos derechos son inalienables, indivisibles y universales. Las sobrevivientes y las que sobreviven en la prostitución, y todas nosotras entendemos el sufrimiento causado por la violencia sexual, la degradación y la deshumanización en manos de los que pagan por sexo, la policía y los explotadores.

Tenemos visiones muy diferentes al modelo que defiende el lobby proxeneta sobre la industria del sexo. Es por eso que manifestamos nuestra preocupación por el Código de Policía de Colombia y los intentos del Ministerio del Trabajo de reconocer la prostitución como un oficio, cuando no reúne ninguno de los elementos que la OIT ha definido como trabajo decente o digno. Las sentencias dictadas por las Cortes en México y Colombia generan impunidad para aquellos que explotan a los seres humanos por dinero y placer – proxenetas, propietarios y administradores de prostíbulos y dueños de agencias, salas de masaje, etc., así como los hombres que pagan por sexo.

Es eso, precisamente, lo que propone la Legisladora Rojas en su iniciativa de Ley, corregir las aberraciones jurídicas de las Cortes Colombianas, al proponer multar a los compradores de sexo de paga y construir opciones de salida digna para las mujeres en situación de prostitución.

Esta iniciativa tiene por objeto desincentivar a la industria del sexo que lucra con la explotación de poblaciones marginadas que han llegado a la prostitución por falta de oportunidades para sobrevivir. Criticamos a los estados y gobernantes que valoran la industria del sexo –para cobrar impuestos–, más que la vida de las mujeres, convirtiéndose en gobiernos proxenetas.

Las sobrevivientes y las que todavía sobrevivimos la prostitución, hemos sido víctimas desde que éramos niñas, y por eso también queremos terminar con la trata y la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes. Cuando llegamos a la adultez traumatizadas física y psicológicamente, nos damos cuenta que nuestros gobiernos y la sociedad nos dieron la espalda y borraron nuestros sufrimiento y explotación llamándolo “trabajo consensuado”. Sí, la prostitución es una fuente de ingresos (aunque generalmente son otros los que se benefician de nuestra explotación), pero también es una actividad peligrosa que llevamos a cabo para dar de comer a nuestros hijos e hijas y para sobrevivir en un mundo donde no existen otras opciones.

La prostitución ni es “sexo”, ni es “trabajo”, ambos derechos fundamentales que los seres humanos buscamos ejercer con dignidad y respeto. La prostitución es contraria a estos derechos al ser una de las peores formas de violencia y discriminación basada en género, que ha sido perpetuada por el patriarcado como una forma de controlar los cuerpos y la sexualidad de las mujeres.

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Nuestro trabajo se fundamenta en el derecho internacional y los principios de los derechos humanos. En ese sentido, las Cortes tanto en México como en Colombia que han dictado sentencias a favor de proxenetas y tratantes, deben entender que su función es castigar a los culpables y hacer que los gobiernos cumplan los compromisos internacionales que han ratificado para garantizar los derechos de las mujeres, entre los que se incluyen:

La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW) establece que: Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer (Art. 6).

El Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente mujeres y niños(as), que complementa la Convención de las Naciones contra la Delincuencia Organizada Transnacional establece que la explotación incluirá, como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual (Art.3); Los Estados Parte adoptarán medidas o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral o multilateral, a fin de mitigar factores como la pobreza, el subdesarrollo y la falta de oportunidades equitativas que hacen a las personas, especialmente las mujeres y los niños(as), vulnerables a la trata (Art. 9.4); Los Estados Parte adoptarán medidas legislativas o de otra índole, tales como medidas educativas, sociales y culturales, o reforzarán las ya existentes, recurriendo en particular a la cooperación bilateral y multilateral, a fin de desalentar la demanda que propicia cualquier forma de explotación conducente a la trata, especialmente de mujeres y niños(as). (Art. 9.5)

Injusticia e inequidad como el enemigo común

La injusticia hace que la policía abuse de las mujeres, guía al proxeneta en la explotación de ellas, y le da licencia al tratante para abusar de niños y niñas. También es la injusticia la que hace que la sociedad acepte la compra de mujeres para el sexo como algo culturalmente aceptable y que celebra estructuras patriarcales que definen a las mujeres como ciudadanas de segunda clase. Ningún hombre tiene el derecho de comprar poder, control y acceso sexual a una mujer, así como ningún hombre tiene derecho a golpearla, acosarla sexualmente, violarla o matarla. El intercambio de dinero o bienes por esta violencia no es consentimiento bajo los principios de los derechos humanos. De hecho, ningún derecho humano, permite la explotación sexual de otras personas de forma directa o indirecta.

Las Cortes deben enfocarse en la sanción de los tratantes y proxenetas, como está previsto en sus Códigos y leyes y obligar a los gobiernos para la protección de los derechos de las mujeres, y no en promover sinergias entre los gobiernos y la industria del sexo. Si los gobiernos quieren éxito en su lucha contra la trata de personas, deben enfocarse en los hombres que pagan por sexo y en abordar la demanda de la prostitución que es el motor que sostiene a la industria del sexo.

Finalmente, llamamos al Congreso de Colombia a apoyar la iniciativa de la legisladora Rojas, para proteger los derechos de todas las mujeres, niñas y adolescentes descendientes de innumerables formas de colonización inhumana, cuyos cuerpos siguen siendo ocupados para obtener ganancias sobre ellos. Desafíen las voces de quienes poco les interesa la igualdad entre mujeres y hombres y su derecho a una vida libre de violencias, desafíen a quienes históricamente se han beneficiado y continúan beneficiándose de la dominación sobre mujeres y niñas en Latinoamérica y el Caribe, mujeres y niñas afrodescendientes o indígena y miles de mujeres y niñas desmovilizadas y desplazadas por la violencia dejada por el conflicto armado interno, pobres y tradicionalmente discriminadas, que hoy corren graves riesgos de ser revictimizadas por las redes de tratantes y proxenetas.

La iniciativa de la Legisladora Rojas le ofrece a Colombia una oportunidad única de constituirse en la vanguardia latinoamericana en la protección de los derechos de mujeres, niñas, adolescentes y grupos LGBTIQ, los cuales incluyen el derecho a una vida libre de violencia y discriminación. Tenemos que asegurarnos que la industria del sexo nunca haga parte de la visión de nuestros gobiernos sobre el futuro de nuestros países y nuestras mujeres.