Todo empezó a andar mal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) a partir de los compromisos que hizo Jaime Rochín del Rincón para poder llegar a ser el Comisionado. Buscó e hizo compromisos que en muchos casos no cumplió y en otros entregó las Direcciones Generales a diversos actores políticos, especialmente del PAN, que es el Partido de sus amores. Y fue así que en lugar de ser una institución dividida en 5 feudos que se caracterizaron en revictimizar y que no aplicaba el marco jurídico completo.
A partir de que hay un solo comisionado y no 6, se atomiza aún más la CEAV y se parte en mini feudos, que no dejan de revictimizar a todas las personas que por su condición de víctimas de la delincuencia organizada, de la desaparición, secuestro, asesinato, feminicidio y delitos en materia de trata de personas, tienen derecho al reconocimiento de desplazadas forzadas internas, o no cuentan con redes sociales de apoyo y se les pichecatea las ayudas de alojamiento y despensa, ya de por sí raquíticas o se les retardan los traslados con el subsecuente retraso en la diligencias de búsqueda de sus familiares o simplemente no se les reembolsan a pesar de haber presentado sus comprobaciones.
Y si hablamos de las reparaciones hay reparaciones que tienen muchos meses, años que no han salido, ni las atracciones que ahora la Ley faculta a la CEAV a realizar.
Hay reparaciones pendientes como la de los Avispones de Iguala, o de la Guardería ABC, que están muy atoradas, ni para atrás, ni para adelante; o la reparación de dos víctimas de trata que tienen en su expediente 3 órdenes de aprehensión sin ejecutar. O la atracción del secuestro y homicidio de Alan Cerón, que dejó a su madre con metástasis en mama. Ojalá alcancen a atraer el asunto y pagar la reparación a su madre en vida. Y alegan que le corresponde al Gobierno de Guerrero, pero nosotras estamos llevando un juicio en un Juzgado de Distrito. Pretextos, obstáculos, insensibilidad e indiferencia es lo que caracteriza a la CEAV frente a las víctimas y a sus representantes, que inclusive desataron una campaña contra los abogados y abogadas que asisten a las víctimas, pretextando que hay abogados que les cobran hasta el 50 por ciento de la reparación, sin tomar en cuenta que también hay ONGS como la nuestra que actúa totalmente pro-bono.
Otra señal de la descomposición de la CEAV fue el impedimento para las víctimas de entrar en el edificio principal, ahora a todas las mandan al anexo y las atienden si tienen cita, si no, no. Son tratadas como limosneras y como si fueran una molestia, porque ninguno de los funcionarios y funcionarias que ahí laboran tienen la más mínima idea de cómo tratar a las víctimas.
Merece un capítulo aparte el tema de la salud. Yo busqué y volví a buscar en el portal de la Dirección General de Profesiones la cédula profesional que lo acreditara como médico al director médico de la CEAV, Martín Nacif o Naciff Rojas y no la encontré. Es él el responsable de casos tan graves como el de Diana Minerva Fernández Domínguez, a quien hace dos años, los escoltas que deberían protegerla, la agredieron y llegó a SEIDO con un diagnóstico de hiperflexión cervical, pero como el Doctor que quiere agotar niveles le pareció que no era una lesión grave, la dejó sin terapias, al grado de que hoy, por falta de atención tiene tres hernias en cervicales, una lumbar y una en coxis, con grave riesgo que pueda quedar parapléjica. No ha recibido atención de un médico internista, no se le ha atendido su hipertensión, ni sus males cardiacos y la han tenido abandona en un hotel por seis meses, sin darle terapia psicológica, ni ocupacional.
¿Qué les pasa a quienes llegan a ser funcionarios de la CEAV?, qué no entenderán que sin las víctimas la institución no tendría por qué existir? Todo parece indicar que no tienen ni idea de que están obligados a actuar con la debida diligencia y mucho más, con la debida diligencia estricta, ya que la mayoría de víctimas de trata y de desplazamiento forzado interno, son mujeres con sus hijas e hijos.
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Todo es discurso, todo es simulación, por eso, el pasado 8 de noviembre un nutrido número de víctimas de Tamaulipas, Guerrero, Sonora, Estado de México, Baja California y la Ciudad de México clausuraron simbólicamente la CEAV y amenazaron con regresar pero con más víctimas de todo el país. Ahí estuvieron hasta después de las 12 de la noche y bajaron a atenderlos porque se comunicaron con la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
El Comisionado Rochín, al día siguiente saco un desafortunado boletín de prensa lleno de imprecisiones y mentiras, ofreciendo que abrirá una Delegación en Tamaulipas, lo que no corrigió que quienes se hicieron presentes en la CEAV a reclamar sus derechos no estén siendo amenazados y se les nieguen sus reembolsos. Dijo Rochín que son víctimas del fuero común, pero no, la inmensa mayoría son del fuero federal por el involucramiento de la delincuencia organizada en sus hechos victimizantes.
A todo lo anterior debemos sumar un número importante de adjudicaciones directas por cantidades millonarias que han circulado por redes sociales.
Teresa C. Ulloa Ziáurriz
*Directora Regional de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC, por sus siglas en inglés).
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