La Violencia Contra Las Mujeres Y Su Acceso A La Justicia.

En la década de los `90, los movimientos de mujeres se esforzaron y lograron grandes avances en materia de legislación sobre la violencia contra las mujeres.

Según las Naciones Unidas, la violencia “Es un mecanismo para mantener la autoridad de los hombres, reforzando las normas patriarcales vigentes y, en consecuencia, para rastrear los factores que convergen con ella, hay que pensar en un contexto social amplio como el de las relaciones de poder”.

El papel de la cultura es una de las principales causas de la violencia contra las mujeres en sus diferentes manifestaciones. Una de esas expresiones es el feminicidio, que puede ser enfrentado desde la cultura, entendida ésta como una red de procesos, relaciones de poder y discursos cambiantes.

Violencia: sus manifestaciones

La violencia contra las mujeres puede manifestarse en diferentes y múltiples espacios. Uno de ellos es la familia, un ámbito en el que las personas deberíamos tener garantizada la vida, la integridad y la seguridad, como derechos humanos básicos y en el que las situaciones de violencia suelen encarnarse en la vida de pareja, y se le denomina violencia familiar o abuso conyugal. Entre otros aspectos, aparece de la mano de actos sexuales, pero puede ser violencia psicológica, como situaciones de humillación y vergüenza, o violencia física, en las que son comunes hasta el uso de armas para provocar lesiones.

El feminicidio, en tanto, está presente en diversas partes del mundo. En algunos lugares, la comunidad entera es la que aparece como responsable, como en los casos más escalofriantes de Ciudad Juárez, México, donde los crímenes se hicieron mientras reinó la impunidad.

También los casos de violencia sexual atañen y apuntan contra toda una comunidad dado que son actos cometidos por un amigo, un conocido, un familiar o un vecino de las víctimas, aunque también puede hacerlo un extraño.

Otra de sus formas de manifestación es la trata de personas cuando
implica la captación, transporte, traslado o recepción de personas, recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza, el engaño, al abuso de poder o al abuso de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación sexual, laboral o tráfico de órganos. Y cuando hablamos del abuso de una situación de vulnerabilidad, nos referimos a la pobreza, la pobreza extrema, la falta de oportunidades, la ignorancia, la violencia y la violación previas a la trata con fines sexuales. La prostitución, la pornografía y los vientres de alquiler son, así mismo, manifestaciones de violencia contra las mujeres, en tanto, desde la cultura patriarcal, permiten perpetuar estereotipos como que los cuerpos de las mujeres y las niñas son para el uso y usufructo de los hombres.

En suma, en el sistema social patriarcal, basado en las diferencias de sexo, de clase, de etnia, de edad, de discapacidad, o de diversidad sexual, se hacen presentes en este tema, ya que existen sólo tres formas de colonizar los cuerpos de las mujeres, a través de la propiedad individual del cuerpo de la mujer-esposa, mujer-madre, mujer-hija, -el matrimonio-; a través de la propiedad colectiva de su cuerpo, -la prostitución-; y, finalmente, a través de la mujer vasija para quienes pueden comprar una hija o hijo.

La violencia provoca en las mujeres una mayor vulnerabilidad física y reproductiva, dado que las deja en condiciones de padecer trastornos del sistema nervioso, abusos de estupefacientes, estrés postraumático y hasta intentos de suicidio. Además de las consecuencias físicas, también les impide que participen activamente en el plano social y económico de la comunidad y tienen menos oportunidades de conseguir empleo, o de estar empleadas en un trabajo con un buena remuneración.

Todos los actos de violencia son expresiones que, de algún modo, el Estado parece tolerar o perdonar. Los efectos de cada una son múltiples y, en algunos casos, la onda expansiva de la impunidad alcanza a otros integrantes de la sociedad, como las niñas y niños.

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 El acceso a la justicia de las mujeres indígenas.

Y cuando me refería al incremento de su grado de vulneración por raza, condición social, etnia, religión, edad, retos especiales u orientación sexual, entre otras, me refería a que estas diferencias repercuten en el derecho al acceso a la justicia, y por lo tanto, en las mujeres indígenas y rurales, ya que son ellas de entre los excluidos, las más excluidas, de entre los pobres, las más pobres, de entre los analfabetas, son ellas las que conforman el mayor porcentaje, de entre los discriminados, las más discriminadas, de entre los desposeídos, las más desposeídas y de entre los violentados, las más violentadas.

Es por eso que desde hace ya más de 29 años, la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, hizo hincapié en la necesidad de eliminar todas las prácticas perjudiciales para las mujeres y las niñas, independientemente de cuán profundamente estén arraigadas en la cultura. Por eso, la CEDAW exhorta a los gobiernos a tratar de transformar no sólo el derecho, sino también la cultura, a fin de lograr la igualdad sustantiva entre los sexos y entre las personas.

Quienes propugnamos por la igualdad entre los sexos debemos reconocer y cuestionar la aceptación social y la perpetuación de prácticas tradicionales perjudiciales en todas las culturas. Históricamente, las religiones y las culturas han demostrado tener extraordinarias posibilidades de adaptación; la mayoría de los sistemas de creencias han sido modificados a lo largo de la historia para dar lugar a nuevos conceptos y nuevos valores que surgen en la sociedad humana. Estas prácticas tradicionales son las ruinas de un pasado insostenible.

Ahora por cuanto hace a las niñas, tenemos que reconocer que en nuestras comunidades indígenas, las niñas continúan en una situación de peligro, en forma tan rutinaria que es virtualmente invisible. La discriminación está profundamente arraigada en la vida de las niñas indígenas desde su nacimiento, o incluso antes. Una amplia gama de prácticas violentas o discriminatorias comprometen la salud de las niñas indígenas y reducen sus oportunidades de desarrollo físico, social y productivo. Estoy segura de que no se trata de una violencia aleatoria: el factor de riesgo es ser mujer y ser indígena, agravada por su edad lo que las coloca en una situación de mayor vulneración.

Las mujeres indígenas carecen del todo de reconocimiento y acceso a derechos y esto se debe a prácticas tradicionales profundamente discriminatorias que siguen vigentes en forma explícita en la vida de las mujeres indígenas, situación que además es avalada, en muchos casos, por la propia legislación vigente. Todas estas desigualdades son más dañinas aún si se considera que, mucho más que nunca antes, las mujeres soportan una responsabilidad desproporcionada en el apoyo y el mantenimiento de sus familias y sus hijas e hijos, situación que se ve agravada por la migración ilegal, la jefatura femenina en más del 50% de los hogares indígenas y rurales, sin oportunidades de vida y sobrevivencia.

Acceso a la justicia para todas y todos: nuestra esperanza.

Mientras no se erradique el sexismo, la misoginia, la xenofobia, la generalización y la sobre-generalización, el familismo, que toman como parámetro de lo humano al hombre, sus necesidades y sus aspiraciones, de los textos legales, de las prácticas jurídicas y de la interpretación y aplicación de la Ley, las personas diferentes a ese parámetro, y sobre todo aquellas que afectan a las poblaciones en mayor grado de exclusión seguirán sin tener garantizado el derecho al acceso a la justicia. Tenemos que construir un mundo más justo y para eso, debe ser género-sensitivo y sensible a las diferentes necesidades y condiciones de vulneración de las y los diferentes.

Y decimos que es nuestra esperanza, porque entonces no se requerirá de la corroboración de la declaración de la víctima, ni se seguirá esgrimiendo como defensa sus antecedentes sexuales, ni recaerá en ellas la carga de la prueba, o casarse con la víctima de la violación se considerará reparación del daño y, luego entonces, como excluyente de responsabilidad, como todavía sucede en muchos de los Códigos Penales en México, o se otorgará mayor protección a los derechos de las víctimas sobre los derechos de los delincuentes.

Mtra. Teresa C. Ulloa Ziáurriz
Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
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