De conformidad con la definición de la Dra. Marcela Lagarde y de los Ríos, nosotras entendemos el feminicidio como un sistema de violencia, sometimiento y sojuzgamiento de las mujeres, el que tendrá a lo largo de sus vidas distintas expresiones y formas de violencia, las que pueden llevarlas a ser privadas de la vida o no, de la dignidad, la libertad, la seguridad y la integridad, producto del sistema neo-patriarcal que se modifica y transforma, hoy con expresiones cada vez más escalofriantes de violencia machista.

Es así, dentro de este entramado, que frente a la actuación y proliferación de grupos armados oficiales y no oficiales, los cuerpos y las vidas de las mujeres se convierten en botín de guerra, para unos y para otros. Las mujeres vivimos con miedo, y ya no se sabe quiénes son peores, si los cuerpos de seguridad nacional o los cárteles de la droga, que han encontrado un nicho de negocio muy redituable, con inmensas ganancias, en la trata de mujeres y niñas con propósitos de explotación sexual y reproductiva, un ejemplo sería la pornografía “snuff” y la “vintage”, por las que se llegan a pagar hasta US$50,000 Dlls., por copia y que son verdaderas expresiones de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes para las mujeres y las niñas, o el alquiler de vientres de mujeres pobres para parejas ricas que además incluye el tráfico de bebés.

Pero, además, hoy, han aparecido nuevos fines para la trata de mujeres, niñas y adolescentes, que ni siquiera están contemplados en los tratados internacionales, porque es más fácil castigarlas como criminales y no protegerlas y asistirlas como víctimas. Los grupos del crimen organizado, las levantan para usarlas como halconas, sicarias, mulas o esclavas sexuales de los Jefes de Plaza, y cuando se cansan de ellas, simplemente las matan, desfigurándoles los rostros para hacer más difícil su identificación.

Y aún que hemos podido rescatar o ubicar a algunas, la mayoría adolescentes entre 12 y 14 años, no pueden dejar de trabajar para ellos, porque están amenazadas de muerte, tanto ellas como sus familias, lo que las lleva a paralizarse. Por un lado, la amenaza del grupo delictivo y por el otro la amenaza del ejército que ahora las está deteniendo y enviado al tutelar para jóvenes en conflicto con la ley penal.

¿Y cómo desaparecen? Muchas son cooptadas por su condición de pobreza o pobreza extrema, por su situación de exclusión social, por eventos de violencia sufridos con anterioridad, por engaño, por seducción, otras por la fuerza, levantadas a la salida de la escuela o en la calle; otras por medio de las redes sociales, o cuando vienen en situación de migración irregular.

Los obstáculos más frecuentes que enfrentan las familias que buscan a mujeres y niñas desaparecidas son, entre otros:

• Que para considerarlas desaparecidas, deben transcurrir entre 48 y 72 horas, dependiendo de las legislaciones locales.
• Malas leyes sustantivas y adjetivas que no permiten agilizar las búsquedas, y un desorden legal tanto en trata como en feminicidio en todo el país.
• Los prejuicios donde se culpa a las familias o a las mujeres, jóvenes y niñas y se le resta importancia a la desaparición, ligándolo con estereotipos de género.
• Carencia absoluta de protocolos de investigación, al grado de que los MPs mandan a las familias a buscar a sus hijas, hermanas, madres, etc., y les dicen que cuando las encuentren les avisen.
• Carencia absoluta de cuerpos especializados en investigación de inteligencia que puedan rastrear todas las pistas que pudieran llevar a la localización.
• Carencia absoluta de peritos preparados en distintas disciplinas que permitan trabajar e investigar los casos de manera integral e interdisciplinaria y de tecnología avanzada.
• Irresponsabilidad total de autoridades de los ejecutivos de los tres órdenes de gobierno, de no alertar a la población de eventos que ponen en peligro a las mujeres, jóvenes, niñas, con tal de que sus administraciones no se desprestigien, violando la garantía de la no repetición.
• Complicidad, ineficiencia, ineficacia, corrupción, y falta de profesionalismo en autoridades de todos los niveles, violando el principio de la debida diligencia.
• Confusión de funciones entre el trabajo de investigación ministerial y el trabajo de investigación policial y de inteligencia.
• Falta de compromiso de la sociedad en su conjunto por la normalización del fenómeno, inclusive la culpabilización.
• Falta de sistematización de casos, para poder establecer patrones y modus operandi y poder descartar o no si se trata de uno o varios grupos de la delincuencia organizada, si se trata de un asesino serial, o si se trata de un delincuente aislado en un hecho aislado.
• Cada Procuraduría cuenta con su base de datos de personas que buscan, y no se cuenta con un banco único como fuera dictado en la Sentencia de Campo Algodonero con todos los reportes de desaparición, para facilitar la búsqueda.
• No se cuenta, hasta la fecha con el banco de datos biológicos y genéticos, también requerido al Estado Mexicano en la Sentencia de Campo Algodonero.
• Ni disposiciones legales ni actitudes humanas para con las víctimas y ofendidas del delito, y se les trata de manera altamente sobrevictimizante.

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¿Estos obstáculos se van a resolver con protocolos de actuación o investigación? No, a mí me parece que no, que se requiere de una política de estado género sensitiva, políticas públicas bajo el principio pro-persona, al que ahora están obligados por la reforma al Artículo 1 Constitucional de 2011, leyes, planes, programas y políticas públicas con perspectiva de género transversales, con cambios culturales, que puedan garantizar la igualdad sustantiva de las mujeres.

Un buen ejemplo ha sido la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para Proteger y Asistir a las Víctimas de esos Delitos que fue aprobada en junio de 2012 por el Congreso de la Unión y unifica los tipos penales en todo el territorio nacional, define las competencias y trata de cerrar el camino a interpretaciones misóginas y patriarcales, como las que son usuales encontrar en los casos de violencia contra las mujeres, o inclusive en trata, cuando se reclasifica como lenocinio, delito no grave.

Esta Ley incluye entre sus principios para la interpretación de la Ley la perspectiva de género, el interés superior de la niñez, el principio de la debida diligencia, la garantía de la no repetición y el principio de la laicidad en los servicios de asistencia y protección de las víctimas. Establece la reparación del daño como parte de la pena, y tiene un Título sobre los derechos de las víctimas y ofendidos, llegando inclusive a establecer cambio de identidad y reubicación nacional o internacional a cargo del Estado. En el Título de prevención se incluyen los planes de desarrollo local y se establecen como beneficiarias las víctimas y posibles víctimas. Se hace visible la demanda y se establecen como agravantes que la víctima sea menor de 18 años o mayor de 60, persona con discapacidad o integrante de algún pueblo indígena. Se establece que la búsqueda de una persona reportada como desaparecida se debe iniciar desde el momento en que se recibe el reporte.

Cuando se intentan romper los estereotipos que reducen a las mujeres y niñas a mercancías que se pueden comprar, vender, alquilar, pagar, o tomar por medio del engaño o la fuerza, pero, además, estos delitos representan un gran reto al sistema penal por la extraterritorialidad y los elementos del consentimiento en casos en que los bienes jurídicos a tutelar no son disponibles, además de la protección de la identidad de las víctimas frente a la oralidad, nos topamos una y otra vez con un poder judicial que en México o España sigue siendo el garante de los valores rancios del patriarcado.

Demás está decir que sobre el combate a la trata, a la explotación de la prostitución ajena y o­­­­­­tras formas de explotación sexual y reproductiva, así como trabajos o servicios forzados, no se avanza, no se toman en cuenta las recomendaciones que al respecto ha hecho al Gobierno Mexicano el Comité de la CEDAW. El número de víctimas sigue creciendo, sólo en el Estado de México se reportan 60 mujeres y niñas desaparecidas cada mes y nadie las está buscando. Ante la feminización de la pobreza, la proliferación de grupos armados oficiales y no oficiales, se incrementa la trata y todas las formas de explotación de mujeres, niñas y adolescentes en todo el país.

Tomando en cuenta que hay comunidades enteras donde han desaparecidos cientos de jovencitas, entre 12 y 19 años, a partir de que esas comunidades, como Apodaca, Nuevo León, o Torreón, Coahuila, caen bajo el control de los grupos del crimen organizado.

Un conjunto de complejas dimensiones nos confronta hoy a ciudades más violentas en una guerra sin fin. La Paz lleva como condición fundamental, la erradicación de la violencia contra las mujeres, su empoderamiento y la promoción de sus derechos, pero también el combate a la pobreza.

No podemos hablar de desarrollo sustentable, ni humano, si no podemos garantizar el acceso a la justicia, la vida, la integridad y la seguridad de todas y todos los mexicanos y me refiero a la seguridad multidimensional la que la Declaración de Seguridad en las Américas define como: “La paz es un valor y un principio en sí mismo y se basa en la democracia, la justicia, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad, la seguridad y el respeto al derecho internacional”.

Mtra. Teresa C. Ulloa Ziáurriz
Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe (CATWLAC por sus siglas en inglés).
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