A propósito del más reciente artículo de Martha Lamas en la revista Proceso, titulado “Sexo, poder y dinero”, me permito hacer algunos comentarios breves, ya que, entre otras cosas, la postura feminista que defiende la eliminación de la prostitución (abolicionista), ha sido erróneamente llamada “cruzada moral integrada por cristianos y feministas”, esgrimiendo una serie de razones que a nuestro juicio no han considerado factores esenciales para comprender los fenómenos de trata, comercio sexual y de las distintas formas de esclavitud, y del por qué las mujeres representan su principal carne de cañón.

El hecho de que en México exista la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, y que además se haya promulgado en la nefasta administración de Felipe Calderón, no la hace necesariamente conservadora.

Basta hacer un breve recuento de algunos tratados internacionales suscritos por nuestro país (Declaración Universal de los Derechos Humanos, Protocolo de Palermo, Cedaw, Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, entre otros) para notar que en ninguno de ellos se considera como un trabajo a la prostitución o al comercio sexual, ¿cuál será la razón? ¿Por qué será que en lo que Lamas llama “trabajo sexual” existe una abrumadora mayoría de mujeres?

Por otro lado, equiparar la industria del sexo con las “transnacionales de la economía formal” -suponiendo que tanto de un lado como del otro existen lo mismo empresarios decentes que mafiosos-, equivale a suponer que las condiciones laborales para una mujer serían las mismas si trabajara como ejecutiva en una empresa telefónica, u ofreciendo servicios sexuales en un burdel de Ciudad Juárez, lo cual, por supuesto, es absolutamente falso.

Y es justamente en este punto donde llegamos al viejo debate de si la prostitución es voluntaria o no.

Aun cuando Lamas retoma una ponencia que señala a mujeres migrantes y “trabajadoras sexuales” como parte de los daños colaterales del combate contra el tráfico de mujeres (lo cual no ponemos en tela de juicio), lo único que esto quiere decir no es que se estén transgrediendo derechos de mujeres que por su gusto aparecieron en medio de un operativo, sino que son justamente ellas -las vulneradas por la desigualdad, el rezago, la pobreza- quienes han sido puestas –y expuestas- en la primera línea de fuego por una serie de circunstancias y condiciones que las han orillado, entre otras cosas, a comerciar con sus cuerpos (si es que les pagan) y a exponer su seguridad y su vida. Así que por su gusto, no fue.

No hay que perder de vista un hecho esencial. Es por todos sabido que en tiempos recientes, el número de personas desaparecidas en México ya se puede calcular en cientos de miles y que, peor aún, las mujeres y las niñas son las principales víctimas. ¿Cómo relacionamos esta tragedia con el “boom” de casas de masajes, congales, burdeles, líneas scort, prostitución callejera o table dance, así como con el boyante negocio del narcotráfico, armamento y crimen organizado en general?

¿Resulta ahora que, dado que las mujeres están en su derecho de prostituirse, también lo están de decidir si obtienen 10 pesos en La Merced o 15 mil en Las Lomas por un servicio? ¿Qué hay de las que no cobran, por ejemplo?

La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe, con décadas de experiencia en el tema, ha sido testigo de cientos de casos que distan mucho –años luz- de un escenario dulce y cómodo en el que una mujer simplemente “opta” por comerciar con su cuerpo.

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Todos los días es obligada trabajar en “table dance” (sin pago alguno), vender 250 copas, 20 “privados” y 20 servicios sexuales por jornada. Era obligada a sonreír, aparentar que disfrutaba su trabajo, o de lo contrario era golpeada. Cuando por fin logra escapar, lo único que trae consigo es un sinfín de padecimientos físicos y sicológicos (parálisis facial, matriz inversa, vejiga caída, pérdida de dientes, trastorno de estrés postraumático, depresión), varios de ellos con secuelas permanentes… y ni un solo centavo.

Lo curioso del caso es que el lugar en donde Paty fue obligada a prostituirse (frontera norte de México) pertenecía a una “zona de tolerancia”, en donde ella fue “regularizada” a través de una credencial expedida por el PRD. Nada de esto la salvó de la violencia y la esclavitud. Por si fuera poco, fue obligada a tramitar una falsa credencial de elector para cobrar y recibir depósitos (lavado de dinero), todo manejado por sus captores.

Paty no es la excepción, es la constante. Y es gracias a discursos academicistas que aprecian el fenómeno desde una óptica estrecha que se refuerza ese viejo discurso patriarcal que violenta a las mujeres y dispensa una actitud permisiva a monstruos como el narcotráfico, que se vale de esas posturas para fortalecerse con la impunidad como otro de sus mejores respaldos.

Si a todo esto añadimos lo dividido que se encuentra el movimiento feminista, termina resultando que las abolicionistas apareceríamos, bajo esa óptica, en el mismo nivel que la derecha religiosa moralista (a la que siempre hemos combatido). En pocas palabras, según el discurso academicista, es correcto lo que ha hecho Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, abusando de la vulnerabilidad de tantas jóvenes (¿lo es?), con lo cual se reforzaría, entonces, la fatídica idea de que niñas y mujeres están hechas para otorgar placer sexual.

Insistir en que sólo una pequeña parte de las víctimas de tráfico de personas son mujeres obligadas a participar en el comercio sexual, y que éste último tiene un importante número de mujeres voluntarias, sería lo mismo que convertir a tratantes y proxenetas en legítimos empresarios del sexo… ¿Eso queremos?

Teresa Ulloa Ziáurriz

Twitter: @CATWLACDIR

*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC, por sus siglas en inglés).