Una de las principales formas que el gobierno usa para disuadir la protesta social es la represión.

Ya lo hemos visto estos últimos meses con el caso Ayotzinapa y con las múltiples manifestaciones pacíficas en las que las fuerzas de seguridad han ejercido abuso de autoridad y hasta brutalidad policiaca.

Otra forma, la más extrema, ha sido el asesinato de activistas. Acallar la protesta, la lucha social, matando a las y los defensores de Derechos Humanos o a las y los dirigentes es la forma que usan los gobiernos cuando ya no pueden contener el reclamo de su nefasto actuar.

Sin embargo, en esta época en la que el tema de los Derechos Humanos, por fortuna, retumba cada vez más fuerte… Ya no es tan sencillo.

En unos cuantos meses el prestigio que había logrado el gobierno mexicano con las mal llamadas reformas estructurales, o México S.A. de C.V., se derrumbaron estrepitosamente por casos como Ayotzinapa y Tlatlaya.

En esta época, en la que los gobiernos tienen que aparentar conducirse democráticamente, cuando se habla de buena gobernanza, de rendición de cuentas, de actuar con la debida diligencia, del uso razonable de la fuerza, son menos visibles las estrategias que utiliza para “ahorcar” a las personas y organizaciones que les piden cuentas, que les exigen, que los ponen en evidencia por su acción u omisión.

Así, una de las principales estrategias es limitar los financiamientos a las organizaciones civiles sin fines de lucro que destinan su energía para tratar de construir ciudadanía –matarlas por inanición.

Sí, porque no estoy hablando de las organizaciones de corte asistencialista, que son las que generalmente reciben los presupuestos.

Los proyectos de estas organizaciones se centran en tener comedores, dar abrigo a las mujeres violentadas, dar juguetes, entre otras actividades de corte más filantrópico o caritativo.

Lo cual no es malo, claro que no, porque las necesidades en este país son muchas y hay personas que no tienen nada para comer o niñas que un juguete las hace felices, porque nunca lo han tenido en su vida o, muchas veces, un refugio puede salvar la vida de una mujer.

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Somos las organizaciones que promovemos la difusión de los Derechos Humanos, su ejercicio pleno y la búsqueda de la sanción cuando se niegan estos derechos, las que somos castigadas en el otorgamiento de financiamientos y a quienes cada día se nos imponen mayores cargas fiscales y “tramitologías”.

Hasta los albergues para mujeres, niñas, niños y adolescentes maltratados pasan cada año en estas fechas por tiempos difíciles y carencias porque no salen las convocatorias, no llegan los recursos y las víctimas ahí están y comen diario.

Por levantar la voz contra personajes como Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, por decir que lo que hizo este personaje durante muchos años es trata; por defender a las familias del caso Ayotzinapa, de la Guardería ABC, de Tlatlaya, de las personas desaparecidas… son éstas y otras las razones del por qué el gobierno priista ha boicoteado diversas fuentes de financiamiento para diversas organizaciones civiles.

Y lo escribo justo a inicios de año porque es en estas fechas en que a las organizaciones que hemos trabajado muchos años estos temas nos revienta la realidad en nuestra propia sobrevivencia, al no contar con los suficientes recursos para seguir operando de manera óptima, al no contar con un benefactor o un capital que nos respalde y nos permita cumplir con nuestro objeto social, mientras hay funcionarios que tienen mansiones de varios millones de pesos.

Entonces, es cuando comprobamos que para callarnos lo pueden hacer de una forma lenta y sutil, y a veces logran disminuir nuestras capacidades, o que el equipo se cimbre o reduzca.

Pese a ello, es cuando también reafirmamos nuestro compromiso con los ideales que nos dieron vida.

Si lo que quieren es callarnos o matarnos por inanición, no lo van a lograr.

Twitter: @CATWLACDIR

*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, (CATWLAC, por sus siglas en inglés).