De tiempo atrás he sostenido que Amnistía Internacional (AI) llegó tarde a la defensa de los derechos de las mujeres, pero tal parece que ni siquiera los conoce.

La nueva política de presión que AI dio a conocer a fin de instar a los gobiernos del mundo a despenalizar todos los aspectos del mercado del sexo, es el mejor ejemplo de que, a pesar de su prestigio como una de las organizaciones defensoras de Derechos Humanos (DH) más importantes del mundo, no está dispuesta a ubicarse del lado de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de trata y explotación sexual, sea por razones políticas y/o ideológicas.

De no ser esta la explicación, estaríamos hablando de simple ignorancia en la materia, sobre todo si tomamos en cuenta que la delincuencia organizada ha encontrado en este delito una fuente inagotable de ganancias, diversificando sus actividades ilícitas.

Mucho insiste AI en que no se trata de defender a los proxenetas, y en cambio dice que es mejor “legalizar” un supuesto “trabajo”, en aras de proteger a quienes “voluntariamente” ejercen la prostitución.

No obstante, lo que AI evita mencionar es un problema de dimensiones mayúsculas que nada tiene que ver con un mundo feliz en el que la prostitución bien podría equipararse con cualquier oficio o empleo como la docencia o la sastrería.

Por ejemplo, las estadísticas de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres Internacional (CATW, por sus siglas en inglés) reportan que 99 por ciento de las mujeres en situación de prostitución son explotadas por un proxeneta, y 75 por ciento entraron cuando eran niñas.

En primer lugar, cuando generaliza la industria sexual, AI no distingue entre cada uno de los integrantes de la cadena de explotación que vende y compra cuerpos, así como las responsabilidades, procedencia y condiciones de quienes la integran.

De acuerdo con su nueva política, para AI es lo mismo el dueño de un hotel, que la niña de 10 o 15 años que es explotada 60 veces al día; lo mismo el taxista que vigila a las mujeres para que no se muevan de su esquina, que el cliente que pide por catálogo los servicios de una latina o asiática; lo mismo el gerente de un congal que obliga a las mujeres a vender más de 100 copas cada noche, que la joven que debe pagar cuotas irracionales por un condón o la misma renta del cuarto, o la que es explotada por el hombre que dicen amar. En fin.

En segundo lugar, AI pasa por alto, deliberadamente, el hecho de que la prostitución, la trata y la explotación sexual no sólo están ligadas entre sí de manera intrínseca, sino que la violencia las cruza transversalmente, y que no son los clientes ni los dueños de prostíbulos o los taxistas quienes la padecen, sino las mujeres, niñas y adolescentes en situación de prostitución, que en gran medida terminan pagando con su vida, puesto que son perfectamente desechables y remplazables a la luz de otro fenómeno que va de la mano, y que AI no acepta: el marcado incremento de las desapariciones de mujeres y niñas en el mundo: prácticamente de todas las edades, pero principalmente de cero a 35 años, de cualquier raza y principalmente de países pobres.

Basta entrar un momento a internet para ver sus rostros en los volantes que sus familias difunden hasta el cansancio. ¿Dónde están, quién o quiénes se las llevan? ¿Para qué?

Por otro lado, AI evade la defensa del derecho de las mujeres y las niñas a una vida libre de violencia, el derecho a la vivienda, a la salud, a la educación y al trabajo digno en igualdad de condiciones.

Cualquier mujer o niña que gozara de ellos no sería presa del mundo de la prostitución y la explotación sexual. Me pregunto por qué el paladín de los DH no se enfrasca en una lucha por dotar a los derechos sociales, económicos y culturales de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad.
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Es imposible decir que la prostitución es una opción (es decir, una decisión voluntaria), cuando de hecho no hay opciones para la gran mayoría de ellas. ¿No sería más congruente que AI exigiera a los países una verdadera igualdad para ellas?

Contrario a esto, AI no tomó en cuenta que al legalizar la prostitución inventa DH para los proxenetas y para todas las personas que intervienen en el segundo negocio más redituable después del tráfico de drogas.

Autoriza y avala a los clientes para usar los cuerpos de las mujeres y las niñas, como si se tratara de una lata de refresco que se usa y se desecha.

Acepta que las mujeres no somos personas, sino mercancías que es necesario “proteger” para que sirvan hasta que su vida no sea útil, para exprimir ganancias que obviamente ellas no recibirán, puesto que son el eslabón más bajo de esta salvaje cadena alimenticia.

¿Por qué los argumentos de AI nos parecen sospechosamente ingenuos? ¿A quién pretenden defender, a fin de cuentas? ¿Será que el Protocolo de Palermo y la misma Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) están equivocados al no reconocer a la prostitución como un trabajo?

¿Por qué dar manga ancha a los clientes y proxenetas, mientras se deja a las víctimas aún más vulneradas?

“Las mujeres prostituidas no se merecen su legalización, sino la persecución de sus ‘chulos’ (proxenetas, tratantes o ‘padrotes’) y el apoyo social para salir del infierno de la explotación sexual”, dijo el Centro Nacional de Explotación (NCOS), postura que compartimos con más de 500 organizaciones de todo el mundo que el año pasado dirigimos una carta a AI para expresar nuestro desacuerdo rotundo con la política de despenalizar todos los aspectos de la prostitución.

No fuimos escuchadas y debimos ser consultadas, porque tenemos la experiencia que AI no está demostrando.

Los cuerpos de las mujeres y las niñas no son mercancías. Ya basta de darles la espalda. ¡Sin demanda no hay oferta!

Por: Teresa Ulloa Ziáurriz
Twitter: @catwlacdir
*Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe.
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