Cada año se lleva a cabo en sede de Naciones Unidas, en la Ciudad de Nueva York, las sesiones de la Comisión para el Avance de las Mujeres (CSW por sus siglas en inglés), y que este año, durante dos semanas llevará a cabo su Sesión 61, en el mes de marzo, con el tema el Empoderamiento Económico de las Mujeres en el Cambiante Mundo del Trabajo.
Con ese propósito, se llevó a cabo en la Ciudad de Panamá la consulta regional para América Latina y el Caribe.
Y si partimos de que el empoderamiento económico es más que acceder a mínimas transferencias monetarias e implica el acceso y control a bienes de capital, propiedad de la tierra, crédito y recursos monetarios. El empoderamiento económico es un proceso que se vincula con la participación en el mercado laboral, la regulación de acceso a los activos económicos, y los mecanismos de protección social.
Las mujeres tradicionalmente experimentamos restricciones en el acceso igualitario al mundo del trabajo en relación a los hombres. A pesar que algunas de estas brechas se han ido reduciendo, siguen siendo sustantivas. Más aún, el cambiante mundo del trabajo, con el desarrollo tecnológico va transformando las formas de organización técnica de la producción de bienes y servicios, lo que impone nuevos desafíos y los cambios en los que se habilitan diferentes mecanismos flexibles de explotación de la fuerza de trabajo por parte del capital.
Frente a esto las mujeres de la región experimentamos nuevas barreras y limitaciones que dificultan el “empoderamiento económico “y que constituyen desafíos que sólo se pueden superar si se logra analizarlos y abordarlos desde la igualdad sustantiva y desde la perspectiva de derechos humanos.
En el contexto actual existe por un lado una severa crisis de la sostenibilidad de la vida y el bienestar, y por el otro la alianza perversa entre diversos actores que priorizan la acumulación de capital y los flujos de bienes por encima de los derechos humanos.
Estamos ante un contexto global complejo en el cual se fortalecen las visiones políticas autoritarias y conservadoras, el recrudecimiento de la preeminencia de la regulación del Mercado, la profundización de las posiciones fundamentalistas y la desaceleración del crecimiento económico que profundiza la desigualdad.
Consideramos que es fundamental reconocer que nos encontramos en un contexto en el que se ha asumido un modelo de desarrollo por el que han optado la mayoría de nuestros gobiernos, centrado en patrones de consumo y producción que hacen insostenible la vida en nuestro planeta.
En la región estamos registrando la retracción de los rendimientos del modelo extractivista, la agudización de las restricciones fiscales y de balance exterior, el renovado impulso al sector privado en la imposición de la agenda de desarrollo y de las privatizaciones (por ejemplo, en infraestructura social e instituciones de seguridad social) y el menor espacio político para implementar políticas económicas redistributivas y políticas de igualdad.
Los desafíos tecnológicos plantean retos en un mundo globalizado en red y altamente competitivo.
Para transformar esta tendencia, las políticas macroeconómicas deberán orientarse a lograr una diversificación productiva, generación de empleo de calidad y redistribución de riqueza e ingresos. Para ello se necesita asegurar el acceso a la ciencia y tecnología, y en universalizar el manejo de las nuevas TICs.
Las políticas macroeconómicas centradas en el extractivismo, incluido el financiero, produce una gran concentración de la riqueza y profundiza la desigualdad, dejando a amplios sectores de mujeres y niñas en la pobreza y la indigencia.
La revisión de los modelos de desarrollo, debe acompañarse con la redistribución del trabajo/y el tiempo, necesaria para asegurar la presencia de las mujeres en la fuerza laboral. Para esto se deben adoptar sistemas de cuidado orientados a la corresponsabilidad social entre familias, sociedad, Estado, empresas y organismos gubernamentales. El Estado debe asumir la construcción de la infraestructura necesaria y su distribución, lo que en sí, a su vez, constituye es un estímulo a la inversión en servicios básicos.
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Además, el reconocimiento logrado en la región a la desigualdad en el uso del tiempo entre varones y mujeres y al aporte económico y social del trabajo de cuidado no remunerado debe transformarse en acciones concretas: la ampliación de licencias de maternidad, paternidad y parentales, la ampliación de la provisión de servicios para el cuidado de niños y niñas y de personas enfermas, mayores o con discapacidad, y la implementación de políticas públicas para la transformación cultural a través de campañas masivas sobre la igualdad y el uso del tiempo en los cuidados.
Consideramos que es urgente identificar las condiciones en las cuales se desarrollan actividades laborales por medios virtuales, dado que si bien se plantea como una estrategia que conciliar la vida laboral y doméstica, genera otras dificultades en términos de sociabilidad, explotación económica y precarización del trabajo decente, tanto por los niveles de remuneración, como el desplazamiento de costos laborales a las trabajadoras virtuales
También, en la realidad las mujeres bajo las medidas de protección social tienen retos enormes para la inserción y permanencia laboral (la pauta reproductiva de las mujeres más vulnerabilizadas es mayor que la de las mujeres en estratos medios). Son nudos estructurales detrás de las políticas.
Frente a esto proponemos una política tendiente a la economía social más que a la economía de mercado. Debemos desafiar los planteamientos que consideran que las políticas de igualdad deben impulsarse sólo o principalmente, en la medida que la igualdad mejora la eficiencia económica. La principal razón para impulsar las políticas de igualdad, es que son necesarias para reconocer, promover y sostener los derechos humanos de las mujeres, la diversificación de la producción, el mantenimiento y crecimiento de los empleos decentes, especialmente para las mujeres, las principales afectadas.
Las políticas de protección social deben proteger pisos de protección social adaptados a las necesidades múltiples y diversas de las mujeres en su diversidad y especialmente para las más expuestas a situaciones de vulnerabilidad.
Hablar de empoderamiento económico de las mujeres indígenas está vinculado con la Tierra, el Territorio y los recursos naturales.
Se requiere establecer estrategias para identificar, prevenir, combatir las violencias ejercidas a través del mundo virtual y en este sentido es preciso levantar estadísticas, identificar prácticas nocivas, realizar campañas y contar con mecanismos de denuncia.
Los gobiernos deben reorientar sus políticas públicas, replanteando el modelo de desarrollo por uno centrado en el desarrollo humano, la sostenibilidad de la vida y la autonomía de las mujeres como eje transversal de las estrategias nacionales de desarrollo sostenible a mediano y largo plazo.
Por eso, nos sumamos al llamado de que este próximo 8 de marzo construyamos un día sin mujeres, a una huelga general, que tomemos las plazas, que nos declaremos en huelga del trabajo productivo, doméstico y de cuidado.
Mta. Teresa C. Ulloa Ziáurriz
Directora de la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe
(CATWLAC por sus siglas en inglés).