Con septiembre inicia la obligación presidencial de rendir informe a la ciudadanía de lo realizado por el gobierno federal en el último año, así como nuestro deber desde las organizaciones de la sociedad civil de hacer un balance entre lo que se informa a la opinión pública y lo que ocurre en la vida real.

Como sabemos, los delitos en materia de trata de personas se han convertido, con el paso del tiempo, en uno de los más redituables y con mayor crecimiento en los últimos años, solo después del tráfico de armas, siendo mujeres, niñas y niños la materia prima explotada a favor del crimen organizado.

En ese sentido, tenemos plenamente identificadas las causas estructurales que dan origen a esta tragedia nacional: la desigualdad, la pobreza, la marginación, la falta de oportunidades en educación y empleo, pero indudablemente, un sistema patriarcal que resulta el caldo de cultivo ideal para la impunidad, la corrupción y un deficiente sistema de justicia que refuerzan y operan a favor de los delitos en materia de trata de personas.

El elemento básico que por sentido común debería existir para afrontar debidamente el problema no existe en el gobierno de Enrique Peña Nieto: México no cuenta con cifras o estadísticas sobre trata de personas que registren grupos etarios, localización, incidencias, frecuencias o modus operandi a nivel nacional, y mucho menos en el ámbito estatal.

En fechas recientes, el asesor regional de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Felipe de la Torre, dijo que en México hay un problema estadístico porque no existen los instrumentos de medición para la incidencia “del delito de trata de personas” (delitos en materia de trata de personas), lo que provoca que las cifras sean diversas, ambiguas y no se pueda definir un porcentaje.

Por otro lado, en la Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y El Caribe hemos tenido que trabajar de la mano y en coordinación con el Gobierno de la República en diversas ocasiones, y si bien es cierto que entre las y los funcionarios existe cierta disposición, la realidad es que no hay una política pública dirigida a prevenir, sancionar y erradicar la trata de personas en el país.

Lo anterior resulta lógico si recordamos que el gobierno federal procede del PRI, un partido político que monopolizó el poder por más de setenta años y que –luego de dos fallidas administraciones panistas- llegó nuevamente a la Presidencia bajo una sombra indeleble de ilegalidad. Esto significa que, más allá de un interés genuino por encabezar un nuevo rumbo para el país bajo principios democráticos, los círculos del poder, constituidos hoy en mafias, tienen en la mira objetivos particulares (para personas particulares) que se encuentran muy lejos del bienestar o el respeto a los derechos humanos de la población.

En segundo término, la experiencia de tres años bajo el gobierno de Peña Nieto nos ha enseñado a identificar, sin temor a equivocarnos, que el gobierno federal no trabaja bajo un enfoque de derechos humanos, y muchos menos un enfoque de género. Que todo es simulación y discurso hueco. Por tercer año consecutivo México ha sido clasificado en el Informe sobre Trata del Departamento de Estado de Naciones Unidas en Nivel 2, Lista de Observación, o sea que no cumple con los estándares mínimos para la prevención, protección y asistencia de las víctimas y persecución de los delitos en materia de trata de personas.

Así que los resultados a la fecha hablan por Peña Nieto. En México, las averiguaciones a nivel federal sobre el delito de trata de personas han ido en aumento en los últimos años. De acuerdo con información de la Procuraduría General de la República (PGR), el número de casos ha crecido de forma gradual desde 2009 cuando se iniciaron 22 averiguaciones sobre ese delito, y para 2014 aumentaron hasta 218. Obviamente, se trata de muchos casos más.

Aunado a esa situación, de un total de 722 averiguaciones previas abiertas por el delito de trata, sólo 127 fueron consignadas, en 222 la PGR se declaró incompetente, en 80 no se ejerció acción penal, en 20 se reservó la información, y en las 270 restantes no se emitió información. Lo anterior, de acuerdo a la respuesta que se dio a una solicitud de información ingresada por el periódico El Universal.

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Incluso, siendo el Distrito Federal el lugar del país donde mayor número de sentencias se han emitido, no tenemos conocimiento de que se haya encarcelado y menos sancionado a ninguno de los tratantes, proxenetas dueños de los “tables” o inmensos burdeles que se disfrazan de bares, restaurantes o picotas de esta ciudad. Ahí está el caso del PRI-DF.

Como los anteriores, podríamos mencionar más y más ejemplos de lo que a la fecha no ha cumplido el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y seguramente con fanfarrias nos van a anunciar que ya cuentan con un diagnóstico nacional, que está desactualizado porque se realizó en el 2013, un protocolo que elaboró la CEAV-MX que de las necesidades de las víctimas de trata no tienen ni la menor idea y un modelo de atención a víctimas que elaboró alguien que lo más que llegó a hacer fue a repatriar o reunificar a las víctimas con sus hijas e hijos.

En este tercer informe queremos saber, por ejemplo, ¿por qué únicamente fueron asignados cinco millones de pesos a la Comisión Intersecretarial para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Atención a las Víctimas de estos delitos de la Secretaría de Gobernación y qué se hizo con ellos?

Queremos saber por qué el SAE le entregó 6 inmuebles a las organizaciones de Rosa María de la Garza de Orozco, conocida como Rosi Orozco, mientras otras organizaciones que atienden víctimas no se han visto favorecidas con ninguna instalación para la adecuada protección y asistencia a las víctimas de estos delitos.

¿Por qué el partido del Presidente intenta reformar la ley para desaparecer los fondos de asistencia y protección de las víctimas, y se quiere acotar la protección a las víctimas únicamente al periodo que dura el proceso penal, cuando cualquier especialista sabe que el periodo de recuperación depende de la gravedad del estrés postraumático, sin contar el tiempo que tome reconstruir el proyecto de vida?

Finalmente, tres años han pasado desde que se nos prometió un protocolo de atención a víctimas de trata, y nada ha sucedido. ¿Esa es la prioridad que las víctimas tienen para Peña Nieto, según él mismo manifestó en redes sociales hace menos de un mes?

Ignoramos lo que este día se vaya a informar en materia de trata de personas por parte del Ejecutivo federal. Lo que sí sabemos es que tres años han pasado con un panorama oscuro y desalentador, no solo para quienes ya son víctimas de delitos en materia de trata, sino para los millones de mujeres y niñas vulneradas por las políticas de gobierno interesadas en todo, menos en ellas.

Teresa Ulloa Ziáurriz
Twitter: @CATWLACDIR
*Directora de la Coalición contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe,
(CATWLAC, por sus siglas en inglés)